Medidas de apoyo a la capacidad jurídica: lo que necesitas saber

Cuando una familia llega a mi consulta de Manresa o de La Seu d'Urgell preguntando cómo pueden «incapacitar» a un familiar, lo primero que hago es explicarles que ese concepto ya no existe. La Ley 8/2021, de 2 de junio, supuso un cambio radical en la forma en que el ordenamiento jurídico español entiende la discapacidad y la toma de decisiones. Ya no se trata de quitarle derechos a alguien: se trata de determinar qué apoyo a la capacidad jurídica necesita para ejercerlos plenamente. Es un matiz que lo cambia todo.

Qué es la capacidad jurídica y por qué importa tanto

La capacidad jurídica es la facultad que tiene toda persona para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercerlos por sí misma. Hasta 2021, el derecho español distinguía entre «capacidad jurídica» (tener derechos) y «capacidad de obrar» (poder ejercerlos). Cuando un juez declaraba a una persona incapaz, le retiraba parcial o totalmente la capacidad de obrar y la sustituía por un tutor que decidía por ella.

La reforma de 2021 —impulsada por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008— elimina esta dicotomía. Ahora, todas las personas adultas tienen plena capacidad jurídica. Lo que puede variar es el apoyo que necesitan para ejercerla. El objetivo no es sustituir su voluntad, sino ayudarla a expresarse y materializarse.

De la incapacitación al apoyo: un cambio de paradigma

En el modelo anterior, el juez «incapacitaba» a la persona y nombraba un tutor que actuaba en su lugar. Era un sistema paternalista que, con las mejores intenciones, a menudo privaba a las personas de una autonomía que podrían haber conservado con el apoyo adecuado. He visto casos de personas con discapacidad intelectual leve que vivían bajo tutela total cuando en realidad podían gestionar muchos aspectos de su vida de forma autónoma.

El nuevo modelo se fundamenta en tres principios que guío sistemáticamente en mis evaluaciones:

• Proporcionalidad: el apoyo debe ser el mínimo necesario, adaptado a las necesidades reales de la persona en cada ámbito de su vida.
• Revisabilidad: las medidas deben revisarse periódicamente porque las circunstancias personales cambian con el tiempo.
• Respeto de la voluntad y las preferencias: lo que quiere la persona debe ser el centro de cualquier decisión que le afecte.

Este tercer principio es, en mi experiencia clínica y forense, el más exigente y el que genera más conflictos familiares. No siempre es fácil aceptar que una persona con deterioro cognitivo moderado tiene derecho a tomar decisiones que sus hijos consideran equivocadas.

Qué medidas de apoyo a la capacidad jurídica existen

La ley establece cuatro figuras principales de apoyo, ordenadas de menor a mayor intensidad de intervención:

• Guarda de hecho: es la situación en que una persona (habitualmente un familiar) ya está haciéndose cargo de otra de forma informal, sin ningún nombramiento judicial. La ley la reconoce y regula, y permite que en muchos casos no sea necesario iniciar ningún procedimiento judicial si la persona atendida y su entorno están de acuerdo y la situación funciona bien.
• Poderes preventivos: la persona, mientras aún tiene capacidad, designa anticipadamente quién debe ayudarla o representarla si en el futuro la pierde. Es una herramienta de planificación proactiva que recomiendo a todos, especialmente a personas con enfermedades neurológicas progresivas como el Alzheimer o el Parkinson.
• Defensor judicial: figura de apoyo puntual para asuntos concretos (un conflicto de intereses con el curador, una decisión específica) o para cubrir una situación transitoria.
• Curatela: es la medida estable de apoyo para personas que necesitan asistencia continuada. Puede ser asistencial —el curador acompaña, aconseja y complementa la voluntad de la persona— o, excepcionalmente, representativa —el curador actúa en nombre de la persona en los ámbitos que el juez determine. La curatela representativa es la excepción, no la norma, y debe justificarse debidamente.

El papel del informe psicológico en las medidas de apoyo

El juez que debe decidir qué medidas de apoyo necesita una persona se fundamenta, entre otras pruebas, en el informe psicológico forense. Y aquí es donde entra mi trabajo.

Un informe psicológico para medidas de apoyo a la capacidad jurídica no es un simple diagnóstico. Debe evaluar el funcionamiento real de la persona en ámbitos concretos: toma de decisiones económicas, decisiones médicas, gestión de la vida cotidiana, relaciones personales. Debe explorar su voluntad, deseos y preferencias, y recogerlos de manera que el juez pueda tenerlos en cuenta. Y debe identificar qué tipo de apoyo es proporcional y necesario, en lugar de limitarse a documentar limitaciones.

En mi consulta, tanto en Manresa (Carretera de Vic, 22, 4º) como en La Seu d'Urgell (Carrer Sant Ot, 1), y también en formato online para personas de toda Cataluña y el Bages, elaboro estos informes con metodología forense: entrevistas estructuradas, pruebas psicométricas validadas, exploración de la voluntad de la persona y, cuando es necesario, entrevistas colaterales con familiares y profesionales del entorno.

Voluntad y preferencias: el centro de todo

Si hay algo que la Ley 8/2021 pide a los profesionales que trabajamos en este ámbito es que escuchemos. Que realmente escuchemos a la persona afectada, incluso cuando tiene dificultades para expresarse, incluso cuando su voluntad no coincide con lo que la familia cree que es mejor para ella.

He acompañado a familias del Bages, del Alt Urgell y de la Cerdanya en procesos que eran emocionalmente muy duros: un padre con demencia que quería seguir viviendo solo, una persona joven con discapacidad intelectual que quería casarse con su pareja, una abuela con deterioro cognitivo que se oponía a ingresar en una residencia. En todos estos casos, mi trabajo no es decidir quién tiene razón. Es aportar una evaluación rigurosa y empática que permita al juez tomar una decisión que respete al máximo la dignidad y la voluntad de la persona.

Si estás viviendo una situación similar, te invito a ponerte en contacto conmigo. La primera visita es sin compromiso y te permitirá entender qué opciones tienes y qué papel puede tener un informe psicológico en tu caso concreto.

Cómo se gestiona el proceso judicial de medidas de apoyo

El procedimiento judicial para el establecimiento de medidas de apoyo a la capacidad jurídica es un procedimiento de jurisdicción voluntaria (o contencioso si hay oposición). Suele iniciarse a instancias del fiscal, de la propia persona o de sus familiares. El juez debe escuchar a la persona afectada, a los familiares más cercanos y a cualquier profesional que pueda aportar información relevante.

El informe psicológico pericial que aporto se integra en este proceso como una prueba técnica. No es vinculante para el juez, pero en la práctica tiene un peso muy significativo porque aporta elementos que ninguna otra prueba puede aportar: una valoración rigurosa del funcionamiento cognitivo, de la autonomía real de la persona y de su voluntad expresada en condiciones adecuadas.

En mi experiencia en Manresa y La Seu d'Urgell, las familias que vienen a verme lo hacen en momentos de mucha incertidumbre y, a menudo, de mucha carga emocional. Acompañarlas es parte fundamental de mi trabajo, más allá de la elaboración del informe técnico. Por eso trabajo con una atención cercana y personalizada, a 60 € por sesión, tanto en formato presencial como online.